El proyecto define nuevas opciones para los prestadores de servicio y establece ajustes en la fórmula tarifaria transitoria. Además, aborda la remuneración de planes de gestión de pérdidas y el transporte de energía reactiva. La iniciativa persigue asegurar la suficiencia financiera de las empresas y garantizar una prestación del servicio eficiente, viable y sostenible para los usuarios que migran al SIN. El documento se somete a consulta pública por treinta días.