La Entidad señala que, conforme a la Ley 142 de 1994, los costos incluidos en las tarifas deben reflejar eficiencia económica y no pueden trasladar a los usuarios los costos derivados de una gestión ineficiente o prácticas restrictivas. Además, los gastos administrativos deben estar directamente relacionados con el servicio y excluirse aquellos asociados a actividades con ingresos propios. La supervisión del cumplimiento corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).