La SIC a través de concepto de abogacía de la competencia, analizó que el proyecto de Decreto que moderniza el régimen de zonas francas, incorporando a actores de la economía popular mediante flexibilización de requisitos y cuotas mínimas de empleo (5%) para estos actores, promoviendo inclusión productiva y formalización. La Entidad advierte que los tratos diferenciados y la prelación en contratación pueden generar distorsiones al afectar la competencia y la igualdad de condiciones con otros proveedores y trabajadores. También señala riesgos por la creación de zonas francas con requisitos más laxos que podrían afectar el mercado.