El Consejo de Estado declaró en firme las resoluciones de la ANM que rechazaron y archivaron la propuesta de concesión minera en el municipio de Marmato porque el área solicitada no estaba libre para contratar, dado que presentaba superposición total con otros títulos mineros debidamente inscritos, según el sistema de cuadrícula minera Datum Magna Sirgas. La ANM fundamentó su decisión en el artículo 274 de la Ley 685 de 2001, que permite rechazar solicitudes en áreas sin disponibilidad. Además, se consideró que el registro en el catastro minero era requisito indispensable para perfeccionar el contrato, y la falta de este impedía tener un derecho adquirido. La autoridad minera no vulneró el debido proceso, ya que el rechazo se basó en normas claras y en el mantenimiento del orden público minero, además de la suspensión de concesiones en el área por sentencia constitucional hasta consulta previa. Por tanto, la Sala concluyó que las decisiones de la ANM estuvieron ajustadas al ordenamiento jurídico y desestimó la pretensión del actor.