La Entidad precisó que, aunque la Ley 142 de 1994 establece que las Empresas de Servicios Públicos (ESP) deben ser autosuficientes financieramente, la SSPD aclara que esta autosuficiencia está condicionada por la regulación tarifaria y los principios constitucionales de solidaridad y redistribución. Las tarifas no pueden fijarse arbitrariamente, sino que deben basarse en costos reales y criterios técnicos, lo que puede limitar la capacidad de recuperación de ingresos, especialmente en zonas de bajos recursos. Por ello, los municipios pueden, dentro de su autonomía y competencias constitucionales, apoyar financieramente a las ESP mediante inversiones directas o subsidios para usuarios de bajos ingresos. Esta intervención busca garantizar la viabilidad financiera de las empresas y la continuidad del servicio, especialmente donde las tarifas no cubren completamente los costos operativos. Por tanto, el apoyo municipal, aunque no obligatorio, es legal y puede ser necesario en contextos específicos.