El contexto normativo para establecer el umbral de consumo a partir del cual se aplica el desincentivo al consumo de agua potable está fundamentado en la Ley 373 de 1997, que promueve el uso eficiente y ahorro del agua, estableciendo que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), junto con otras autoridades ambientales, tiene la responsabilidad de definir consumos básicos, desincentivar consumos máximos y fijar procedimientos asociados. En este marco, la CRA expidió la Resolución CRA 1005 de 2024, que introduce medidas específicas para enfrentar situaciones de escasez hídrica por fenómenos naturales, estableciendo el consumo objetivo para diferentes tipos de usuarios. Para suscriptores no residenciales, el consumo objetivo corresponde al 90% del promedio aritmético de consumos medidos en los últimos doce meses. Esta regulación busca modificar patrones de consumo y promover un uso responsable del agua mediante cargos adicionales por consumo excesivo, adaptados según la zona climática, y sólo se activa en condiciones de déficit hídrico declaradas por el IDEAM.