El Consejo de Estado determinó que el Municipio de Dosquebradas incurrió en omisión de sus deberes en la Rivera Baja debido a la falta de control y gestión frente a la invasión de predios y construcciones sin licencia, lo que ha generado contaminación ambiental por vertimientos de aguas residuales y disposición inadecuada de basuras y escombros. Estas acciones han provocado inestabilidad del terreno, procesos erosivos y fenómenos de remoción en masa. Aunque el municipio alegó haber realizado campañas de sensibilización y haber gestionado recursos, no adoptó medidas efectivas para mitigar el daño, incumpliendo sus obligaciones legales para garantizar un ambiente sano, la seguridad y el orden urbano, afectando la calidad de vida de la comunidad.