El Decreto modifica la Parte 7 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, que regula los juegos de suerte y azar en Colombia, específicamente en la modalidad de rifas. Se destaca la necesidad de actualizar la normativa debido a la alta ilegalidad en este sector, que alcanza el 95% del mercado potencial, lo que ha llevado al Estado a perder anualmente $56.940 millones en derechos de explotación. Actualmente, solo se autorizan nueve rifas de carácter nacional, lo que limita la oferta legal. El decreto busca flexibilizar los requisitos para la autorización de rifas, aprovechando las redes digitales y plataformas tecnológicas para llegar a un público más amplio. Además, establece que los ingresos generados por estas actividades deben destinarse a servicios de salud, en cumplimiento de la Ley 643 de 2001. Se introducen cambios en el pago de derechos de explotación y en la gestión de la boletería, buscando una mayor transparencia y control en el sector.