La Sala precisó que los pliegos de condiciones son actos de trámite, lo que significa que no crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas ni otorgan o niegan derechos. En cambio, son documentos que establecen las reglas y requisitos para un proceso de selección, pero no son decisiones definitivas.  La jurisprudencia y la normativa vigente, como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), establecen que solo los actos administrativos definitivos pueden ser objeto de acciones de nulidad. Los actos de trámite, como los pliegos, no son susceptibles de ser demandados.