El Gobierno propone reglamentar los procedimientos de insolvencia para personas naturales no comerciantes y pequeños comerciantes, en desarrollo de la Ley 2445 de 2025. La iniciativa fortalece el papel de los centros de conciliación, al exigir mayores requisitos de experiencia, programas de cumplimiento y capacidad tecnológica para la prestación virtual del servicio en todo el país. Asimismo, dispone que las notarías designen operadores especializados, establece que, a partir de 2026, los centros públicos de conciliación y los consultorios jurídicos de las universidades presten gratuitamente este servicio, incorpora la formación obligatoria para los operadores de insolvencia y actualiza el régimen tarifario con base en la Unidad de Valor Básico (UVB), con el propósito de fortalecer la transparencia, la eficiencia del procedimiento y el acceso a la justicia.

El proyecto de decreto adiciona el Decreto 1069 de 2015 (Único del sector Justicia), eximiendo del pago de derechos notariales a: 1) las copias digitalizadas solicitadas por la Agencia Nacional de Tierras en procesos de ordenamiento social de la propiedad rural, y 2) la donación de predios de miembros de comunidades indígenas o terceros con destino a cabildos, resguardos indígenas o al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. Esto facilita la formalización, protección y seguridad jurídica de territorios colectivos, promoviendo el acceso gratuito al servicio notarial en procesos de titulación colectiva, formalización y saneamiento, en línea con la Constitución y la política de reforma agraria.