El Gobierno modificó la normativa sobre la Tasa por Utilización del Agua (TUA), la cual será efectiva desde el 1 de enero de 2027. Esta medida responde a imperativos constitucionales de protección ambiental y acuerdos sectoriales, buscando optimizar la gestión del recurso hídrico. El decreto ajusta definiciones, la fórmula de cálculo de la tarifa —incorporando un factor regional—, así como los procesos de causación, periodos de cobro y facturación. Su fin es fortalecer la protección, recuperación y monitoreo de aguas continentales superficiales y subterráneas, distribuyendo los recaudos en actividades para la preservación de cuencas y páramos, bajo la administración de las autoridades ambientales competentes