La SSPD precisó que no es jurídicamente procedente instalar medidores individuales en predios objeto de ocupación irregular con órdenes administrativas vigentes de desalojo y demolición, salvo que dichas órdenes sean suspendidas o anuladas. El derecho al acceso a servicios públicos domiciliarios coexistirá con las normas urbanísticas y de orden público, aplicándose de forma coordinada sin que una prevalezca sobre otra. La instalación de pilas públicas se reconoce como un mecanismo provisional y colectivo que garantiza un mínimo vital de agua sin legalizar la ocupación irregular, siendo necesaria la solicitud formal de una junta de acción comunal o entidad similar. La SSPD enfatiza que los prestadores deben respetar las disposiciones legales y administrativas, pudiendo ser sancionados si violan normas imperativas, garantizando así la coordinación con autoridades territoriales y de policía en materia urbanística y de orden público.