La DIAN señaló que los actos administrativos de determinación y modificación del IVA y del Impuesto Nacional al Consumo (INC) contra consorcios y uniones temporales son plenamente oponibles y exigibles al ente consorcial o temporal, así como a sus integrantes. Estas formas de colaboración empresarial son responsables directos del impuesto cuando realizan actividades gravadas y sus miembros responden solidariamente según su participación, conforme al artículo 794 del Estatuto Tributario. Aunque consorcios y uniones temporales carecen de personería jurídica, sus integrantes pueden ser vinculados legalmente a los procesos administrativos para garantizar el derecho de defensa, incluyendo situaciones posteriores a su liquidación. Así, la obligación tributaria persiste y la responsabilidad solidaria recae sobre cada miembro según su aporte.