Esta decisión acata una orden del Consejo de Estado tras la suspensión del decreto anterior. La norma aplica una "motivación reforzada" que pondera factores como la inflación, productividad y la contribución de los salarios al ingreso nacional. El objetivo central es el cierre progresivo de la brecha hacia un "salario vital" basado en estándares de la OIT para asegurar condiciones dignas. Este valor regirá hasta que la justicia emita una sentencia de fondo en el proceso de nulidad vigente. El decreto reafirma el carácter móvil de la remuneración y su función social en el país