La CRA ordenó la depuración contable de 107 acreencias correspondientes a 54 expedientes por concepto de la contribución especial prevista en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, al considerarlas cartera de imposible recaudo. La decisión, adoptada el 31 de diciembre de 2025 mediante resolución suscrita por la directora ejecutiva, Gloria Esperanza Narváez Tafur, implica el castigo contable de obligaciones que suman $354.105.425, adeudadas por empresas y entidades prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en distintas vigencias.
Según el acto administrativo, las acreencias fueron declaradas incobrables tras el análisis del Comité de Cartera, que determinó la configuración de dos causales legales: la prescripción de la acción de cobro y la relación costo–beneficio desfavorable para adelantar o continuar procesos persuasivos o coactivos. En varios casos, los montos eran tan reducidos que el gasto administrativo superaba el valor a recuperar.
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