La CRA precisó que la certificación de disponibilidad de servicios públicos domiciliarios es un documento de carácter informativo, mediante el cual el prestador indica si cuenta o no con la capacidad técnica y operativa para atender una solicitud de servicio en un área determinada. Aclaró que la competencia para expedir estas certificaciones recae exclusivamente en las empresas prestadoras, no en la CRA ni en otras autoridades administrativas. Señaló que la normativa de servicios públicos no establece requisitos uniformes ni un formato obligatorio para su expedición, por lo que su contenido depende de la información técnica disponible del prestador. La Comisión enfatizó que estas certificaciones no crean derechos adquiridos, no sustituyen licencias urbanísticas ni ambientales, y no pueden usarse para imponer obligaciones regulatorias distintas a las previstas en la Ley 142 de 1994.