La SIC emitió un concepto de abogacía de la competencia respecto al proyecto de decreto que busca garantizar la estabilidad tarifaria y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en el mercado regulado. El proyecto obliga a que al menos el 95 % de la generación de plantas hidráulicas despachadas centralmente se venda bajo contratos, priorizando usuarios regulados. La SIC advirtió riesgos sobre la limitación a la libertad económica y posibles distorsiones competitivas, recomendando un enfoque flexible basado en incentivos voluntarios. Se destacó la necesidad de análisis técnicos rigurosos para equilibrar la estabilidad tarifaria con la libre competencia y se reconocieron los avances del Ministerio de Minas y Energía en la sustentación empírica del proyecto.