La CREG señala que las comunidades energéticas, reguladas por la Resolución CREG 101-072 de 2025, buscan facilitar el acceso a la energía en zonas donde la conectividad convencional presenta barreras técnicas y regulatorias, especialmente en comunidades rurales. Frente a casos como el de la familia Bohorquez, que a causa de riesgos y dificultades técnicas ha sido excluida de la red eléctrica, el marco normativo establece oportunidades para crear soluciones descentralizadas, promoviendo la autogeneración con responsabilidad del operador para revisar la factibilidad y cumplir con el RETIE. Aunque la negativa a conectar puede estar fundamentada en motivos de seguridad, las comunidades energéticas emergen como alternativa para garantizar derechos, reducir brechas y promover una transición energética inclusiva, siempre que se cumplan los requisitos y procedimientos regulatorios y técnicos, y se armonice la seguridad con la innovación.