En el caso de proyectos como el fotovoltaico, la inversión debe respetar la normativa vigente, garantizando eficiencia, transparencia y cumplimiento constitucional, especialmente cuando se involucran fondos como el FENOGE. La CGR señala que los recursos provenientes de regalías se deben incorporar en los fondos señalados constitucionalmente o asignarse a las entidades correspondientes, quedando la distribución y administración bajo competencia legislativa. Por tanto, los entes territoriales pueden invertir recursos en proyectos que promuevan desarrollo, siempre bajo control fiscal posterior, asegurando la destinación adecuada y eficiente de los recursos públicos, conforme a las leyes y reglamentos aplicables.