El proyecto de norma del Ministerio de Agricultura modifica la Resolución 128 de 2017, fortaleciendo la protección constitucional de la agricultura campesina en línea con los artículos 64 y 65 de la Constitución Política, para promover la soberanía alimentaria mediante la especial atención al campesinado y su relación con la tierra. Se establece la articulación de instancias participativas como los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y los Comités de Reforma Agraria para garantizar la coordinación territorial. En contexto normativo, incorpora obligaciones estatales para garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada y la adaptación de la producción agropecuaria al cambio climático según la CMNUCC y recomendaciones internacionales. Así, se busca consolidar un marco legal integral que vincula planificación territorial agropecuaria, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental.