La CRA precisó que los contratos entre prestadores privados y públicos para suministro o interconexión de agua potable deben buscar la máxima eficiencia, evitando trasladar costos ineficientes a usuarios y sin afectar niveles de servicio (calidad, continuidad, presión y cobertura). Estos contratos requieren un arreglo directo entre las partes, asegurando condiciones que cumplan la regulación tarifaria vigente. La Resolución CRA 759 de 2016, compilada en la 943 de 2021, establece los requisitos generales para suscribir estos contratos, la metodología para determinar remuneraciones o peajes, y permite solicitar la imposición de servidumbres si no hay acuerdo previo, garantizando el debido proceso en audiencias. Contratos existentes al momento de entrada en vigencia pueden adaptar las nuevas reglas previo acuerdo.