El Ministerio de Minas y Energía no está facultado para expedir la resolución de expropiación administrativa en proyectos de gas natural porque la normatividad vigente no le otorga dicha competencia. La expropiación administrativa es un requisito previo indispensable para la expropiación judicial, que es la que realmente produce efectos jurídicos. Según el análisis normativo y jurisprudencial, sólo la Nación, las entidades territoriales, áreas metropolitanas y asociaciones de municipios pueden iniciar estos trámites para proyectos de servicios públicos domiciliarios, como el gas combustible, amparados en la Ley 388 de 1997. Las disposiciones especiales en el Decreto 1073 de 2015 y el sector eléctrico aplican exclusivamente a proyectos de generación, interconexión y distribución de energía eléctrica, por lo que no se extienden a proyectos de gas.