El Consejo de Estado determinó que no son nulos por abuso de poder los actos administrativos mediante los cuales la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) fijó las condiciones de facturación conjunta entre dos empresas de servicios públicos, cuando las partes no lograron un acuerdo en la etapa de negociación directa. Asimismo, afirmó que estas resoluciones no son nulas por infracción de norma superior si la parte actora no demuestra que las condiciones establecidas por la CRA no se ajustan a los costos reales de su actividad.