La CRA aborda la legalidad de la exigencia de un anticipo del 50% del valor total de un contrato de disposición final de residuos, solicitado por Atesa de Occidente S.A. E.S.P. a Acuaseo S.A. E.S.P. La Comisión aclara que no tiene competencia para determinar la viabilidad de este tipo de contratos, pues se trata de asuntos de naturaleza contractual y, por lo tanto, pertenecen a la autonomía de las partes involucradas. Se señala que las empresas de servicios públicos, como Atesa, deben regirse por el derecho privado, conforme al artículo 32 de la Ley 142 de 1994, a menos que se disponga lo contrario por la Constitución o la ley.