Las empresas de servicios públicos, al ejecutar obras o realizar actividades potencialmente riesgosas, están obligadas a llevar a cabo un análisis de riesgo para evaluar los posibles efectos adversos sobre la infraestructura y el entorno. Esta exigencia se deriva de la Ley 1523 de 2012, que busca garantizar la seguridad y protección de la comunidad ante desastres naturales o accidentes. La identificación de riesgos permite a las empresas diseñar e implementar medidas de mitigación y planes de contingencia, asegurando una respuesta adecuada ante eventos inesperados. Este enfoque proactivo no solo protege la salud pública y los recursos naturales, sino que también minimiza el impacto ambiental y evita sanciones administrativas. De esta manera, se promueve una gestión responsable y sostenible de los recursos, garantizando que las infraestructuras sean resilientes frente a posibles contingencias. La normativa resalta la importancia de la planificación en la prevención de desastres y la protección integral del entorno.