La consulta resalta la relevancia de evitar conflictos de interés, como se evidencia en fallos de la Corte Constitucional. Se menciona que la doble condición de una CAR que actúa como impulsora y supervisora de un proyecto puede comprometer la imparcialidad. Para mitigar este riesgo, se sugiere que la ANLA asuma la competencia sobre la licencia ambiental. Se hace un llamado a observar principios de impartialidad, buena fe y responsabilidad en las actuaciones administrativas, indicando que el incumplimiento de estos podría dar lugar a acciones legales.