El Tribunal Administrativo de Sucre admitió una acción popular en la que se busca la protección del derecho colectivo al espacio público, ante la invasión por comerciantes en la carretera troncal de occidente en el municipio de Corozal. Esta admisión se fundamenta en que la demanda cumple con los requisitos establecidos por la ley pertinente y se considera competencial del tribunal. Las solicitudes planteadas incluyen la recuperación del espacio público, la demolición de obras que lo obstruyen, la reubicación de los vendedores a un lugar digno y la garantía de sus derechos durante el proceso de evacuación. La acción está dirigida contra varias entidades, incluyendo la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, y las autoridades locales del Departamento de Sucre y el municipio de Corozal.