La ANM precisa que, en situaciones donde existan títulos mineros previamente otorgados que interfieran con un proyecto de infraestructura de transporte declarado de interés público, la primacía corresponde al proyecto de infraestructura. Esto significa que el proyecto podrá ejecutarse a pesar de los derechos mineros existentes. Para abordar posibles conflictos, se prevé una suspensión de 30 días del proyecto de infraestructura para que las partes lleguen a un acuerdo sobre compensaciones económicas para el titular minero afectado. Si no se logra un acuerdo, se designarán peritos para determinar el monto que el proyecto deberá compensar. Además, si el propietario del terreno no es el titular minero y sufre perjuicios económicos, podrán negociar una compensación con el titular de la obra. Se enfatiza que las compensaciones deben cumplir con las obligaciones ambientales vigentes, garantizando así la protección ambiental en el proceso.