Los operadores de servicios públicos de aseo deben aplicar metodologías específicas según la cantidad de suscriptores de cada municipio. En localidades con más de 5,000 suscriptores, se debe aplicar la metodología de la Resolución CRA 720 de 2015, la cual no contempla todas las fórmulas para financiar adecuadamente los costos del tratamiento de residuos. En este contexto, se permite el uso de alternativas a la disposición final, siempre y cuando cumplan con permisos ambientales y el costo trasladado a los usuarios no exceda el CDF más el costo del tratamiento de lixiviados. También se reconoce la necesidad de revisar y ajustar fórmulas tarifarias para que reflejen los costos reales de las actividades del servicio público de aseo, garantizando que se reconozcan los beneficios sociales y ambientales del tratamiento de residuos