La Entidad precisa que la estratificación socioeconómica es fundamental para la correcta asignación de subsidios en los servicios públicos domiciliarios. Cada municipio tiene la obligación de clasificar los inmuebles residenciales en estratos, y esta tarea es indelegable del alcalde, quien debe adoptar la estratificación mediante decreto. Si un prestador no aplica la estratificación oficial, incurre en incumplimiento, lo que puede acarrear sanciones. Además, se enfatiza que los prestadores deben facturar de acuerdo con la estratificación adoptada, ya que esto es un requisito para el cobro de subsidios. La información sobre usuarios y consumos debe ser analizada por los alcaldes para asegurar la correcta asignación de recursos para subsidios, garantizando así que quienes tienen mayor capacidad económica contribuyan a subsidiar a los usuarios con menos recursos.