El concepto aborda la responsabilidad solidaria de los deudores en el contexto de los servicios públicos domiciliarios, destacando que tanto el suscriptor, el propietario y los usuarios son solidariamente responsables de las obligaciones derivadas del contrato. En caso de mora, el prestador de servicios puede exigir el pago total de la deuda a cualquiera de los deudores solidarios, sin necesidad de dividir la obligación entre ellos. Esto se fundamenta en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, que permite al prestador realizar el cobro total sin incurrir en doble cobro, y establece que el procedimiento de cobro coactivo debe seguir las normas del artículo 100 de la Ley 1066 de 2006.