Esto incluye la opinión profesional del contador y del revisor fiscal, si corresponde. La falta de aprobación puede llevar a investigaciones administrativas y sanciones, según lo establecido en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, modificado por la Ley 1955 de 2019. Los prestadores de servicios públicos deben informar periódicamente sobre el uso de los subsidios presupuestales que reciben. Esto es parte de su obligación de transparencia y rendición de cuentas, y está regulado para asegurar que los subsidios se utilicen de manera adecuada y en beneficio de los usuarios.