El concepto de la SSPD aborda la obligación de los prestadores de servicios públicos domiciliarios de entregar las facturas a los usuarios en el lugar acordado y con al menos cinco días hábiles de antelación a la fecha de pago. También se establece que los sitios y modalidades de pago deben estar definidos en el contrato de servicios. Se menciona que el uso de tecnologías para el pago es opcional para cada prestador, pero deben facilitar diferentes mecanismos de pago, tanto presenciales como virtuales, para garantizar que los usuarios puedan cumplir con sus obligaciones de pago de manera eficiente.