El contrato en cuestión era un acuerdo de obra pública entre la Unión Temporal y el IDU, que implicaba la construcción de obras en Bogotá. La controversia surgió debido a problemas de calidad en la ejecución de las obras.  La Unión Temporal presentó varios cargos, incluyendo la alegación de que las decisiones del IDU eran arbitrarias y que se había violado el debido proceso. Sin embargo, el tribunal encontró que no se presentaron pruebas suficientes para respaldar estas afirmaciones. La decisión del Consejo de Estado reafirmó la importancia de cumplir con los requisitos procesales en materia contractual, como la conciliación, y destacó que la falta de pruebas adecuadas puede llevar a la desestimación de las pretensiones de una parte.