La Sala analizó “la forma en la que se desarrolló el procedimiento policivo en el caso concreto, con el fin de demostrar que con la expedición de la Resolución 033 de 23 de septiembre de 2020 de la Inspección de policía rural de San Rafael de Lebrija y con las actuaciones adelantadas para su cumplimiento, se violaron el derecho al debido proceso y los demás derechos reclamados por los accionantes”