El proyecto de Decreto establece un marco para las Regiones de Paz, espacios territoriales destinados a la consolidación de la paz total. Dentro de sus disposiciones, se enfatiza el respeto al derecho de consulta previa en territorios étnicos, conforme al Convenio 169 de la OIT. Esta garantía se aplica en la formulación e implementación de proyectos para la transformación territorial, incluyendo zonas de intervención prioritaria. La Consejería Comisionada de Paz coordinará con entidades nacionales para asegurar que las comunidades étnicas sean consultadas y participen activamente en la construcción de paz, respetando sus derechos fundamentales y promoviendo la inclusión cultural y territorial en procesos de diálogo y desarrollo. Así, el decreto fortalece la participación y autonomía de los pueblos étnicos en la política de paz, reconociendo su rol clave en la consolidación del Estado de Derecho y el cierre de brechas históricas en regiones afectadas por el conflicto.

El ministro de Minas y Energía, propuso a la CREG ajustar las condiciones de contratación de la empresa Air-e para salvaguardar el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira ante la amenaza del fenómeno de El Niño. La iniciativa busca que la compañía fortalezca su suministro para 2027, reduciendo su vulnerabilidad a los altos precios del mercado de bolsa. Palma instó a las generadoras públicas a priorizar el abastecimiento a Air-e, advirtiendo que la crisis energética en el Caribe es un desafío estructural de décadas. El funcionario recordó los fracasos de prestadores previos y subrayó que, aunque se tramitan mecanismos regulatorios, se requiere un esfuerzo conjunto para garantizar la sostenibilidad del servicio.

En Barranquilla, el ministro de Minas presentó diez medidas que aceleran la transición energética en el país. Estas acciones lograron un aumento del 2000% en la incorporación de energías limpias, superando años de parálisis regulatoria. Sobresalen la “Liberatón” de 6.000 MW, subastas de largo plazo y el fortalecimiento de comunidades energéticas para democratizar el servicio. El plan combina seguridad energética con sostenibilidad mediante la coexistencia de renovables e hidrocarburos y la agilización de licencias ambientales. Con esta hoja de ruta, el Gobierno ratifica su apuesta por una transición justa con justicia social, territorial y mayor atracción de inversiones.

La CREG amplió el plazo para participar en la consulta pública del Proyecto de Resolución CREG 701 122 de 2026. La entidad extendió hasta el 8 de mayo de 2026 el periodo para que ciudadanos y actores del sector presenten comentarios, observaciones y sugerencias. La iniciativa busca establecer el régimen aplicable a las convocatorias públicas de compra y venta de energía eléctrica, así como desarrollar el Sistema Centralizado de Información de Convocatorias Públicas (SICEP) en su modalidad transaccional. La medida pretende fortalecer la participación y el análisis del proyecto regulatorio.

El Gobierno publicó un proyecto de decreto para crear el Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos (RTE-E) y el instrumento INPIMHEL. Estas medidas buscan potenciar la industria nacional mediante aranceles del 0% para componentes desarmados (CKD y SKD) y equipos técnicos iniciales. El proyecto prioriza la descarbonización al facilitar la instalación de plantas de manufactura avanzada en el país. Para acceder a los beneficios, las empresas deben garantizar un 70% de mano de obra nacional e integrar progresivamente componentes locales desde 2027. El Ministerio de Comercio administrará este marco para atraer inversión estratégica y fortalecer la competitividad en movilidad limpia.