Para garantizar transparencia y objetividad, todas las entidades designadas para ejecutar proyectos con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) deben aplicar el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta directriz es imperativa, incluso si estas entidades operan habitualmente bajo regímenes contractuales especiales o de derecho privado. La interpretación, respaldada por el Consejo de Estado y la Procuraduría General de la Nación, busca que los fondos destinados al desarrollo regional se administren bajo reglas homogéneas, asegurando la correcta selección de contratistas y el uso eficiente de los recursos asignados al SGR.