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Proyecto de Norma

Proyecto de Norma (93)

El proyecto de norma busca declarar en Caramanta, Antioquia, un área de 2.941,44 hectáreas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), con el fin de proteger y garantizar la disponibilidad de suelos adecuados para la agricultura y la alimentación. La declaración se realiza en marco del ordenamiento territorial, respetando derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. La iniciativa apunta a promover la seguridad alimentaria, proteger el derecho a la alimentación, fortalecer las comunidades rurales y campesinas, y asegurar un desarrollo sostenible. Además, contempla evaluaciones periódicas cada cinco años, con la participación de entidades como UPRA, para ajustar el polígono y criterios técnicos según sea necesario, alineándose con objetivos nacionales y leyes ambientales y sociales vigentes.

El proyecto regula la declaratoria del Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el municipio de Tenjo, Cundinamarca, con el objetivo de proteger y promover la producción agroalimentaria local como garantía del derecho humano a la alimentación adecuada. Busca preservar la capacidad productiva de los suelos agrícolas, respetar derechos adquiridos, fomentar el desarrollo rural sostenible y garantizar la seguridad alimentaria mediante la zonificación y restricciones adecuadas del uso del suelo. Además, establece procesos de evaluación periódica del impacto de la APPA y la creación de un Plan de Acción para promover la producción alimentaria en los municipios involucrados. En cuanto al medio ambiente, reconoce la importancia ecológica del área, destacando la Sabana de Bogotá como zona de interés ecológico nacional con destinación agropecuaria y forestal prioritaria, reforzando la protección ambiental como parte integral de la gestión territorial.

En cuanto al medio ambiente, el proyecto de Decreto incorpora la función social y ecológica de la propiedad; ante incumplimientos atribuidos a la comunidad, se suspenden los procedimientos hasta concertar medidas correctivas, lo que protege el equilibrio ecológico y evita daños ambientales derivados de la gestión territorial indígena. El Ministerio de Agricultura busca reglamentar la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental al territorio colectivo, promoviendo la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en todo el país. Esta reglamentación responde a mandatos constitucionales que reconocen la autonomía territorial y la diversidad étnica en Colombia, atendiendo también las recomendaciones de la Consulta Previa y compromisos internacionales. Busca facilitar procedimientos claros, asegurar la seguridad jurídica y respetar los derechos de terceros, potenciando la protección y desarrollo de comunidades indígenas.

El proyecto de norma busca modernizar y agilizar la dotación y titulación de tierras a comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de sus resguardos en Colombia. Se concede a estas comunidades la propiedad formal, definitiva y con seguridad jurídica inscrita, respetando sus usos, costumbres y culturas. El Ministerio de Ambiente desempeña un papel clave al verificar el cumplimiento de la función ecológica de la propiedad, emitiendo informes y apoyando la corrección de posibles incumplimientos mediante concertación con las comunidades.

El proyecto de norma establece lineamientos para el registro de guaduales y bambusales categoría 3 ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en cumplimiento de la Ley 2206 de 2022. Define requisitos para el registro, como acreditar la propiedad o tenencia del predio y la georreferenciación del área. Establece que no se registrarán guaduales con permisos ambientales previos vigentes. Otorga un plazo de dos años para registrar plantaciones existentes sin autorización previa y un período de transición de un año para actualizar registros forestales comerciales vigentes. Regula también tarifas para expedición y actualización del registro y facultades de autoridades para imponer medidas preventivas en caso de infracciones.

Con este proyecto de resolución se busca modificar parcialmente la Resolución 161 de junio de 2024 para actualizar y complementar la declaratoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios del sur de La Guajira, con base en el documento técnico revisado por la UPRA (2024-2025). La modificación busca ajustar la zonificación, usos principales, compatibles y restricciones del suelo, alineándolos con criterios técnicos actualizados y fortaleciendo la protección de estas áreas como determinantes del ordenamiento territorial. Además, se incorpora esta información al Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA) y se reafirma el compromiso con la agricultura campesina, familiar y comunitaria, en línea con políticas públicas y normativas vigentes, garantizando la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible.

 El proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura establece un Programa Especial de Acceso a Tierras Integral para el pueblo étnico Rrom o Gitano. Reconoce su particularidad cultural y social, garantizando derechos tanto individuales como colectivos en cuanto al acceso a la propiedad rural. El decreto promueve la implementación de proyectos productivos sostenibles y asistencia técnica para mejorar las condiciones de vida de esta comunidad, sensible a sus usos y costumbres. Se contempla que las Kumpañy y organizaciones puedan tener acceso a tierras y se certificará su existencia y representación legal. Este proceso busca proporcionar un marco diferenciador que respete su identidad cultural, al mismo tiempo que se integra dentro del enfoque de reforma rural integral establecido en el Acuerdo Final para la paz en Colombia, asegurando así la protección de su bienestar y derechos.

El proyecto de resolución del Ministerio de Agricultura establece lineamientos estratégicos para la implementación de los Planes Anuales de Gestión de Riesgos Agropecuarios (PAGRA). El objetivo es fomentar una gestión integral de riesgos en el sector agropecuario, garantizando la protección y derechos del campesinado en su relación con la tierra y la producción de alimentos, en consonancia con la Constitución y leyes relacionadas.

El proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, busca establecer criterios y parámetros para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) impulse y agilice los procedimientos de negociación directa para la adquisición de predios rurales. Este decreto se enmarcaría en el contexto de la Ley 160 de 1994 y la Ley 2294 de 2023, que regulan la compra de tierras y la protección de los derechos de los campesinos. Se propone facilitar la articulación con el servicio público registral, permitiendo un proceso más eficiente y transparente. Además, se contemplan mecanismos para la recepción y tramitación de documentos de manera electrónica, garantizando la seguridad y trazabilidad de las operaciones. El objetivo es mejorar el acceso a la tierra para la población rural, promoviendo el desarrollo agrícola y el bienestar de las comunidades campesinas. Este enfoque busca responder a las necesidades de un sector que históricamente ha enfrentado desafíos en la adquisición de tierras.

El proyecto de norma del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establece lineamientos de Política Pública para promover el uso y desarrollo de bioinsumos, fertilizantes orgánicos y acondicionadores de suelos en el sector agrícola nacional. Su objetivo es fortalecer la producción agrícola sostenible, mejorar la eficiencia en el uso de insumos y fomentar la agroecología, priorizando la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria. La norma se aplicará a todas las personas y entidades involucradas en la producción y uso de estos insumos, tanto nacionales como extranjeras. Además, se contempla la creación de un Plan de Acción para implementar estos lineamientos, que incluirá actividades, metas e indicadores. La resolución busca responder a la creciente demanda de bioinsumos, evidenciada por el aumento en su comercialización en los últimos años, y se alinea con la política de insumos agropecuarios y el Programa Agroecológico Nacional.