La ANM precisó que la exploración y explotación minera sin título habilitante es ilícita y sancionada penalmente. Los alcaldes municipales tienen la competencia para suspender actividades mineras ilegales y decomisar minerales sin certificación de procedencia. La Policía Nacional y las Fuerzas Militares están facultadas para ejecutar la incautación y destrucción de maquinaria pesada usada en minería ilegal, conforme a las normas vigentes. El decomiso dentro de amparos administrativos protege los derechos mineros legítimos, mientras que fuera de este ámbito actúa como medida de policía contra la explotación ilícita. La ANM ratifica la importancia de respetar las competencias legales para garantizar la legalidad y el orden en el sector minero.