La Contraloría General de la República respondió a varias inquietudes internas sobre el manejo de hallazgos fiscales, la competencia frente a decisiones de juntas directivas y el análisis de indemnizaciones en entidades con participación pública, precisando criterios clave para el ejercicio del control fiscal. En primer lugar, señaló que las Direcciones de Investigaciones pueden continuar evaluando un hallazgo, pero si tras el análisis concluyen que no existe daño al patrimonio público, deben proceder a su archivo, incluso si inicialmente se había considerado con incidencia fiscal. En segundo lugar, el organismo aclaró que sí tiene competencia para examinar la destinación de recursos públicos y evaluar decisiones de juntas directivas, siempre que estas incidan en el manejo de fondos estatales, caso en el cual sus miembros pueden ser considerados gestores fiscales y eventualmente responsables. No obstante, enfatizó que este control no implica intervenir en la administración interna de las entidades ni sustituir sus decisiones.