El Gobierno implementó medidas ambientales y de desarrollo sostenible extraordinarias y transitorias. El objetivo es conjurar la grave crisis generada por un evento hidrometeorológico atípico que causó inundaciones severas en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, declarados en Estado de Emergencia. Entre las acciones, se exige a proyectos hidroeléctricos evaluar el "volumen de espera" con un período de retorno no inferior a 500 años para mitigar riesgos. Además, las empresas generadoras de energía en las zonas afectadas aportarán un 2% adicional de sus ventas brutas por seis meses para financiar estas intervenciones urgentes, que buscan proteger la vida y los ecosistemas, garantizando la no regresión ambiental.