Su objetivo es establecer lineamientos de política pública que garanticen la confiabilidad y estabilidad tarifaria en el servicio de energía eléctrica en el mercado regulado del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Busca proteger a más de doce millones de usuarios vulnerables, promoviendo la contratación de largo plazo e incentivando la eficiencia económica y la mitigación de la volatilidad causada por la variabilidad hídrica y el cambio climático.