El Gobierno nacional prepara la radicación de la nueva Ley Minera, resultado de un proceso participativo sin precedentes con aportes de más de 20.000 personas y 500 organizaciones. La propuesta busca recuperar la soberanía sobre los minerales y ordenar la minería desde el territorio, promoviendo justicia ambiental, social y económica. Establece zonas excluidas y aptas para la minería, protege áreas ambientales y culturales, y reconoce un régimen especial para pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos. Además, impulsa la transición energética, exige licencia ambiental desde la exploración, fortalece la responsabilidad empresarial y ajusta el régimen económico de regalías. Incluye mecanismos para formalizar a pequeños mineros, fomenta la contratación regional, y fortalece la fiscalización con sanciones estrictas. El proyecto abrirá un debate clave en el Congreso con impacto en la economía, ambiente y comunidades.