La Ley establece lineamientos para una política pública que garantice y amplíe la cobertura de bienes y servicios públicos rurales como salud, educación, agua potable, energía, conectividad y transporte. Busca mejorar la calidad de vida en el campo, impulsar la producción agrícola y promover la equidad territorial. La política será diseñada participativamente, articulada con otros planes nacionales y tendrá metas como cubrir el 85% del sector rural en 10 años. También promueve incentivos para el poblamiento y la productividad rural.