El Ministerio de Minas y Energía solicitó formalmente a la Procuraduría y la Contraloría General de la República su acompañamiento durante la implementación de comunidades energéticas, con el fin de garantizar transparencia, participación y justicia ambiental. Estos proyectos, prioritarios en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, buscan cerrar brechas en el acceso a energía en zonas rurales y no interconectadas mediante el uso de energías limpias y modelos comunitarios de generación y comercialización. La solicitud se dio en el marco de una convocatoria pública a operadores de red y generadores públicos o mixtos con mayoría estatal, iniciada el 18 de julio. El ministerio también propuso instalar una mesa de trabajo para socializar los objetivos de la iniciativa y asegurar decisiones sostenibles con enfoque social, ambiental y de participación ciudadana, conforme a la Circular 001 de 2024. El acompañamiento preventivo es clave para asegurar el impacto transformador de los proyectos.