La CREG precisó que dentro de sus funciones está la de establecer la calidad del servicio público domiciliario de energía eléctrica, instaurando normas y criterios técnicos de calidad, confiabilidad y seguridad mediante resoluciones como la 070 de 1998 y la 015 de 2018. Estas normativas obligan a las empresas distribuidoras a invertir en infraestructura y mejoras para garantizar un servicio óptimo. Sin embargo, el control y la vigilancia del cumplimiento de estas normas corresponden a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y, en temas de competencia, a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).