Las facturas de servicios públicos domiciliarios solo pueden incluir cobros relacionados con la prestación del servicio, excluyendo conceptos ajenos salvo autorización expresa del usuario, la ley o la regulación. Para incluir cobros adicionales, como créditos, seguros o la compra de electrodomésticos, debe cumplirse: (I) previsión en el contrato de condiciones uniformes, (II) autorización expresa del usuario, (III) totalización separada de los valores ajenos al servicio, y (IV) prohibición de suspender el servicio por impago de esos cobros adicionales. Los usuarios pueden reclamar cobros no autorizados ante el prestador y, en caso de desacuerdo, interponer recursos legales que podrá resolver la Superservicios. Esta entidad puede adoptar medidas correctivas y sanciones para proteger a los usuarios conforme a la Ley 142 de 1994. Además, los usuarios pueden pagar solo el servicio público en las oficinas correspondientes sin que se generen cargos adicionales por gestión.

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