La SIC analizó el proyecto de decreto del Ministerio de Comercio que busca autorizar a empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta para operar zonas francas en terrenos públicos. Aunque reconoce los beneficios sociales y económicos de esta medida, advierte que flexibilizar los requisitos para estas entidades genera un trato diferenciado que puede vulnerar el principio de neutralidad competitiva y afectar la libre competencia. Además, señala que permitir que no restrinjan sus actividades al perímetro de la zona franca puede causar subsidios cruzados y dificultades en el control institucional. Por ello, recomienda incluir mecanismos que aseguren igualdad de condiciones entre empresas públicas, mixtas y privadas, como asignar puntajes según experiencia y capacidad, y limitar la participación estatal a procesos desiertos, garantizando transparencia, igualdad y competencia efectiva en el régimen de zonas francas.