El Consejo de Estado consideró que el Municipio de Barrancas no es responsable por los daños ambientales alegados en el predio "La Trinidad" derivados de la obra de canalización de aguas de escorrentía, debido a la insuficiencia de pruebas sobre el menoscabo efectivo. Aunque se estableció que la obra causó ocupación sin autorización y posibles impactos ambientales como contaminación y deterioro del suelo, las pruebas presentadas no demostraron con certeza el perjuicio patrimonial ni ambiental, ni afectaciones a la actividad ganadera. La inspección judicial realizada años después evidenció que el predio mantenía condiciones adecuadas, con servicio eléctrico y explotación económica activa. Así, la Sala determinó que no se acreditó el daño ambiental imputable al municipio ni su incidencia negativa procesable.