El Consejo de Estado ordenó al Municipio de Valledupar y a Corpocesar elaborar y ejecutar un plan para la descontaminación del Río Guatapurí debido a la grave contaminación ocasionada por la disposición inadecuada de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Esta decisión se fundamentó en la evidencia presentada, que demostraba la continua exposición del río a residuos sólidos y RCD, afectando así el derecho de la comunidad a un ambiente sano y generando un impacto negativo sobre la salubridad pública y el ecosistema local. A pesar de las acciones previas implementadas por el municipio, como la autorización de sitios para la disposición de RCD, se constató que solo un número limitado de estos estaban en funcionamiento y no se cumplían efectivamente las normativas de manejo de residuos. El Tribunal destacó la falta de control y medidas efectivas para erradicar la contaminación, lo que requirió acciones inmediatas para mitigar los daños causados y restablecer el equilibrio ecológico en la cuenca del río. Se impuso un plazo específico para identificar sitios críticos de residuos y coordinar acciones para evitar su depósito, evidenciando la urgente necesidad de un enfoque integral y de educación ambiental.